El Gobierno da por hecho que los ámbitos autónomos no impondrán sanciones por el incumplimiento de la decisión de ahorro energético


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Cataluña agradece la «inseguridad jurídica» en la norma y la Comunidad Valenciana la implantará sin aumentar las inspecciones

El Tercer Vicepresidente y Ministro de Tránsito
La Vicepresidenta Tercera y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.ANTONIO HEREDIA

El Gobierno diseñó al margen de las autonomías la polémica decreto de ahorro de energia que ahora los gobiernos autonómicos tendrán que buscar y vigilar con todos sus matices. Deja en sus manos las sanciones, asumiendo que las medidas no tienen carácter coercitivo, sino ejemplarizante. Al menos ese es el mensaje de los concejales de las comunidades locales que, aun apoyando la aplicación del plan de ahorro energético, no van a someter su cumplimiento a especial vigilancia en el sector privado. Creen en las medidas, pero no van a invertir en fiscalización y descubren resquicios que generan inseguridad jurídica.

Uno de ellos es comunidad valenciana. tanto el presidente ximo puig ya que la ministra de Economía y la ministra autonómica de Turismo, también presentes en el encuentro, advirtieron que el trabajo será de sensibilización a través del ejemplo dado por la administración. No es una norma coercitiva que se haya dejado clara, sino flexible y de sensibilización de la ciudadanía, ejemplar. No estamos a favor de la política reactiva, pero entendemos la situación y el contexto que la caracteriza Europa en esta crisis, explicó el titular de Economía, Industria y Comercio, Rafael Clemente (compromisos), posición que también comparte la consejera de turismo, la socialista Francisco Colomer.

Su principal petición, apoyada por otras comunidades autónomas, es que se facilite la aplicación del real decreto, que sectores económicos como el comercio, el turismo o los espectáculos culturales perciben con gran preocupación.

De hecho, en Valencia no se elaborará un plan de inspección específico. Quedó claro en la reunión. Desde los ayuntamientos, desde la Policía Local o desde la supervisión de cualquier ámbito, haremos lo necesario para cumplir con este decreto, como muchos otros que tenemos, de forma rutinaria, ha aclarado.

El practicante valenciano prefiere optar por la vía del diálogo y convocar a la patronal y sindicatos a una reunión para estudiar cómo aplicar las medidas, que el propio Gobierno recogerá en una guía para las autonómicas. Es la única tarea que le queda al Gobierno, que no retrocede, pero tampoco avanza y saca las dudas de los líderes regionales.

El gobierno respeta la Constitución y el estado autonómico. El Gobierno ha hecho lo que está en su mano, que es aprobar las medidas que, dentro de su competencia normativa básica, nos permitan promover esta garantía del confort térmico. Corresponde entonces a las comunidades autónomas conocer cómo se utiliza y cómo se materializa, y cómo se controla o facilita. No podemos sustituir la pericia de la comunidad autónoma, se limitó a aclarar el ministro para la transición ecológica, Teresa Rivera. Esta posición hizo que desde Cataluña, otra comunidad que no cuestione el almacenamiento, se criticará la utilidad de la conferencia.

El Gobierno considera fundamental el control del consumo energético, pero no ve aclaradas sus dudas y califica de precipitada una normativa que cree ha alimentado las críticas de la oposición y para la que ha pedido una moratoria, no tanto porque de fondo, sino como dar seguimiento a sectores que no han tomado las medidas adecuadas, reveló el ministro Ribera.

Además, descubren aspectos del texto que generan inseguridad jurídica en muchos negocios. Su aplicación no es clara en algunos aspectos, agregó el Secretario de Negocios y Competitividad, Alberto Castellanos, en declaraciones a Catalunya Rdio.

Compartimos el espíritu de la norma, pero no nos convence la forma en que ha sido aprobada, admitió, ante la nula intención del Gobierno de buscar el máximo consenso entre todas las administraciones que deben asegurar que el plan supone un recorte energético del 7%. consumo.

En ese camino para exigir más unidad se encontró de nuevo el socialista Ximo Puig. El presidente valenciano, que defiende el sentido común de las medidas para proteger la industria ante un recrudecimiento de la crisis, apeló a la corresponsabilidad para cumplirlas, pero también a la cogestión entre administraciones, un concepto ensayado durante la pandemia pero estacionado. Por eso lanzó una advertencia: Son las primeras medidas de un plan de contingencia que hay que consensuar, discutir, en base a la cogestión porque la crisis energética se puede agudizar, advirtió.

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